El presente artículo científico, tiene como objetivo general analizar la falta de declaratoria de insolvencia existente en el ordenamiento jurídico ecuatoriano y la posible vulneración de derechos patrimoniales al acreedor. El problema se presenta por cuanto el artículo 416 del Código Orgánico General de Procesos, establece que al momento que el deudor no le da cumplimiento al mandato de ejecución ordenado por el juez, solamente se contempla la presunción de insolvencia, en este sentido no ocurre como en otras legislaciones, que si el deudor no cumple con el mandato de ejecución de forma automática, en primer lugar se declara la insolvencia por parte del tribunal de la causa, y en segundo lugar el acreedor puede ejecutar de forma inmediata los bienes del deudor. Este problema ha causado mucha discusión por cuanto los afectados son del criterio, que no se garantiza su acreencia. La metodología utilizada, estuvo sustentada en el enfoque cualitativo y para ello se utilizó en método analítico comparativo, por cuanto, a los efectos de brindar una solución al problema, se consultaron disposiciones de la legislación colombiana, peruana y chilena, en las cuales si existe una solución precisa en relación al problema planteado en esta investigación. Para finalizar, el presente artículo se efectuó una propuesta de modificación al artículo 416 del COGEP, con el fin que se tutelen los derechos del acreedor y se pueda decretar la insolvencia del deudor al momento de no dar cumplimiento al mandato de ejecución derivado del tribunal competente