197I S S N 0 1 2 3 -3 1 2 2 • e -I S S N 2 0 2 7 -5 3 8 2 • p e r s . b i o é t .• V o l . 2 1 • N ú m e r o 2 • P á g s . 1 9 7 -2 0 3 • 2 0 1 7 En 1997, cinco años después de la entrada en funcionamiento de la Corte Constitucional de Colombia, fue recibida en esa corporación una demanda contra el artículo 326 del Código Penal solicitando que fuera declarado inexequible pues, a juicio del demandante, el homicidio por piedad violaba varios artículos de la Constitución colombiana y no debería señalársele una pena menor a la de cualquier otro homicidio.La sentencia, que fue redactada desde una perspectiva secular y pluralista, donde pesó más la autonomía del individuo que el objeto del acto que se realiza, lejos de incrementar la pena por un tipo de homicidio donde la circunstancia subjetiva de la piedad parecería que resta responsabilidad al que quita la vida, indicó que se debía despenalizar todo homicidio por piedad, e instó al Congreso de la República a reglamentar "cuanto antes" ese nuevo supuesto derecho a una muerte digna.Desde la perspectiva bioética y biojurídica es muy interesante el texto de la Sentencia C-239/97 (1), pues en él se pueden constatar los recursos retóricos, malabarismos y falacias jurídicas para justificar el acto homicida, sobre la base del consentimiento libre de quien padece una enfermedad terminal. Sin embargo, son mucho más sugestivos, objetivos y convincentes los argumentos que se encuentran en los salvamentos de voto de tres magistrados, que manifestaron su desacuerdo con el fallo que fue finalmente aprobado.En esa sentencia no solo se declaró que la eutanasia, en determinadas condiciones, no es un delito que pueda ser penalizado, sino que también se acuñó un nuevo derecho: el derecho a morir dignamente; gracias a esa sentencia se ha interpretado que además se trata de un derecho con categoría de fundamental y se dieron una serie de criterios para que fuera reglamentado en el Congreso de la República, y se establecieran pautas y procedimientos para materializarlo.Con esa sentencia, no solo los deberes del médico quedaron comprometidos, pues a partir de allí el profesional de la salud debía renunciar a los principios hipocráticos que han guiado su ejercicio y que están contenidos en el Código de Ética Médica, sino también desconoció el recurso racional aplicable a estos casos: la medicina paliativa. Si la enfermedad terminal comporta grandes dolores, lo más lógico es buscar los medios para calmarlos y no facilitar el camino para cegar la vida prematuramente; curiosa manera de entender la piedad, la solidaridad y la misericordia.Además, el valor que la Constitución reconoce a la vida humana quedó glosado gracias a la retórica según la cual