Aspectos bioéticos relacionados con la política energética de América Latina

Abstract

<p>Este artículo relaciona los aspectos bioéticos de la protección, la justicia como equidad y el principio<br />de responsabilidad con las cuestiones estratégicas de la política energética de América Latina. De dicha<br />relación surge una serie de lineamientos de apoyo a las decisiones del sector energético de la región. La<br />propuesta ética de la protección se relaciona con las cuestiones energéticas en la accesibilidad a servicios<br />energéticos modernos para superar las condiciones de pobreza energética y por acceso. La justicia como<br />equidad se relaciona con la fijación de esquemas tarifarios progresivos, la protección del capital natural<br />crítico y la explotación sostenible de los recursos energéticos. El principio de responsabilidad se relaciona<br />con las estrategias de eficiencia energética, las estrategias de moderación en el consumo de energía y la<br />reducción de la pobreza.</p>

Association between coal and firewood combustion and hospital admissions and mortality in Chile 2015 – An ecological approach

“…Countries should use an evidence-based decision-making approach to develop energy policies that address these basic ethical issues, both to ensure equitable access to energy sources and to protect the environment in which the population lives. Issues such as social vulnerability and quality of life should be considered when designing and evaluating such policies, with the aim of strengthening the framework and infrastructure of strategic plans, taking into account issues associated with regional and cultural factors [34].…”

Dimensionamiento matemático de obras hidráulicas para una pequeña central hidroeléctrica en Río Negro, Cundinamarca mediante métodos lógicos deductivos por medio de ábacos y gráficas obsoletas

“…Entre los impactos acumulativos más significativos para este tipo de proyectos se encuentran los impactos acumulativos generados por la reducción del caudal, en comunidades hidrobiológicas, sedimentación, aumento de la erosión, deterioro de la calidad del agua, impactos en suelos, ecosistemas y afectación en la producción del área de influencia por el embalsamiento, desvío, perforación del túneles, alteración de la dimensión social, económica y política del área, entre otros (Díaz Rodríguez, 2015). Según la Corte Constitucional el principio de prevención es establecido de la siguiente manera "El principio de prevención se materializa en mecanismos jurídicos tales como la evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente" (Corte Constitucional de Colombia.…”

Alcance de la Tarifa Social sobre los hogares en situación de pobreza energética de la Argentina urbana en el periodo 2016–2018

“…Actualmente, la relación entre el acceso, calidad de la energía (Urquiza et al, 2019) (expresado en la adecuación, fiabilidad y seguridad de la fuente de energía residencial) y desarrollo humano es ampliamente aceptada (Bradshaw, 2014;Cottrell, 2009). Si bien es claro que el acceso a la energía posibilita el desarrollo socio-productivo y económico de la población (Toman y Jemelkova, 2003;Vera y Langlois, 2007), también resulta evidente que, al facilitar y estar presente en las relaciones sociales y productivas, el uso de la energía permite a los actores sociales el acceso a la cultura tecnológica contemporánea (Aibar Puentes y Quintanilla, 2002) a partir de la ampliación del acceso a otros derechos elementales, tales como educación, salud y trabajo (Kaygusuz, 2012;Rodríguez, 2016). Así, a partir de esta relación de dependencia, se plantean debates que habilitan reflexiones en términos de justicia social (Jenkins, McCauley, Heffron, Stephan, y Rehner, 2016), derechos humanos (Bradbrook y Gardam, 2006), ética (Sovacool, Heffron, McCauley, y Goldthau, 2016), equidad (Forman, 2017) y desarrollo inclusivo (Thomas, Becerra, Fressoli, Garrido, y Juarez, 2017).…”

“…Así, diferentes investigaciones reconocen que el acceso a la energía es un derecho básico, que amplía las facultades de la población en términos de su bienestar económico y social. Sin embargo, por lo general, las políticas de desarrollo energético no son llevadas a cabo teniendo en cuenta los resultados de estas investigaciones, tampoco, se definen en pos del desarrollo socio-inclusivo de la población (Rodríguez, 2016). No obstante, a partir de las discusiones sobre el carácter multidimensional de la pobreza y su relación con las prácticas políticas de desarrollo (Álvarez Leguizamón, 2008;Leguizamón, 2005), el acceso a la energía ha sido conceptualizado como una de las dimensiones del concepto de privación relativa (Bernstein y Crosby, 1980;Bouzarovski y Petrova, 2015).…”