“…En consecuencia, cuando se piensa en el diseño y ejecución de programas gubernamentales y/o políticas públicas sanitarias, se acuerda que es prioritario que los gobiernos atiendan a una base mínima legal para garantizar un piso de justicia social, que les permita a las personas desarrollarse de forma digna, debido a que, si no lo hacen, "las confina a vivir por debajo del umbral, en una situación injusta y trágica" (Nussbaum, 2000, p. 71). Particularmente, esto se evidencia más enfáticamente en el caso de las mujeres (Rodríguez Garat, 2021a).…”