Resumen La Comisión Nacional de la Verdad, constituida por el Gobierno Federal brasileño en 2012, abrió un nuevo campo de disputas en torno de la Memoria, Verdad y Justicia sobre el período de la dictadura cívico-militar (1964-1988). Esto se debió a la entrada en escena de nuevos sujetos, principalmente campesinos e indígenas, quienes, a lo largo del período de redemocratización, habían consolidado, por medio de diversas luchas, su organización político-institucional, un mayor reconocimiento público y la conquista de algunos derechos y políticas sociales. Sin embargo, el ingreso de estos nuevos actores generó resistencias, incluso de sujetos que habían protagonizado hasta ese momento el debate público sobre memoria acerca de la dictadura. Esto pone en evidencia los límites de la llamada Justicia Transicional, tanto desde el punto de vista conceptual y jurídico, como desde el enfoque del imaginario social, de las contradicciones de clase y cultura, de la división entre lo rural y lo urbano, entre otros factores. Este artículo tiene como objetivo debatir sobre la estructura conceptual y normativa que establece criterios para definir a las víctimas como “muertos y desaparecidos políticos”, que al mismo tiempo no aplican para otras víctimas. Esta reflexión se basa en el informe producido por la Comisión Nacional de la Verdad, que será comparado tanto con lo que fue producido por la Comisión Campesina de la Verdad, así como con los informes producidos por pueblos indígenas, especialmente, el informe sobre el pueblo Waimiri-Atrori. Por lo tanto, el proceso de comprensión, reflexivo-analítico, se propone pensar tanto los sentidos de la disputa por la Memoria, Verdad y Justicia en nuestros días, en un contexto de violencia continuada, como los desdoblamientos de dicha disputa para los pueblos del campo.