“…Adicional a la desaparición de la autoridad del Estado, la naturaleza de las instituciones y autoridades locales está guiada por un modelo de gestión pública cuya premisa es satisfacer las necesidades de los ciudadanos a través de la efectividad en el diseño y la aplicación de políticas para la profesionalización de la administración de lo público (Christensen y Laegreid, 2005). En este orden de ideas, la edificación de la agenda pública queda enmarcada en las competencias de los funcionarios delegados y no propiamente en un espacio en el cual diversos actores sociales, vinculados o no al gobierno, evidencien sus posiciones, argumentos y necesidades frente a una misma situación (Alzate y Romo, 2014). Lo anterior obstaculiza el proceso de formación de la política pública ya que, como señala Kingdon (1984), durante este proceso es imperioso reconocer y analizar: 1) los elementos del entorno social y político que influyen en la configuración de una política pública y 2) las preferencias, creencias e intereses de los actores involucrados.…”