En el presente trabajo se pretende realizar una defensa liberal de los estándares de prueba exigentes utilizados para el dictado de sentencias condenatorias en los procesos criminales. Se realiza una crítica a la posición utilitarista en la materia sostenida por Larry Laudan y se sostiene, siguiendo a Ronald Dworkin, que para ser legítimos, los estándares de prueba deben otorgar la importancia debida al riesgo del daño moral que podríamos causarle a un inocente al condenarlo erróneamente, como así también realizar una ponderación coherente de la magnitud del daño moral que la comunidad política le asigna a casos análogos. Por último, se analizan las implicancias que la postura defendida tiene en el ámbito del derecho constitucional en general, y del ordenamiento jurídico argentino en particular.